El Gobierno de España se dispone a tomar medidas contra las zonas de bajas emisiones que solo existen sobre el papel o funcionan con pocas restricciones. Un real decreto aprobado por el Consejo de Ministros obligará a los municipios que deben establecer estas zonas a hacerlas cumplir y multar a los vehículos contaminantes, sin recurrir a medidas transitorias para retrasar su aplicación.
En virtud de la Ley de Cambio Climático y Transición Energética de 2021, los municipios de más de 50.000 habitantes debían implantar zonas de bajas emisiones antes de 2023. El requisito se aplica a 151 municipios, pero, según la información facilitada, solo 68 habían puesto en marcha una zona. Muchas de ellas tienen restricciones limitadas o no imponen multas.
Está previsto que el real decreto entre en vigor cuando se publique en el Boletín Oficial del Estado (BOE). A partir de entonces, los municipios tendrán que empezar a aplicarlo, mientras que las medidas concretas dependerán de cómo cada ayuntamiento ponga en práctica las normas. El texto señala que no se permitirá que los periodos de gracia sin multas se prolonguen indefinidamente.
Algunos ayuntamientos han defendido su enfoque alegando que las zonas de bajas emisiones discriminan a los residentes al presionarlos para que compren vehículos más nuevos. El artículo menciona Vigo, donde el alcalde Abel Caballero dijo en 2025 que la ciudad tendría una zona sin multas, y Ciudad Real, cuyo alcalde, Francisco Cañizares, anunció una versión sin restricciones para los vehículos. La ordenanza de Madrid permite que los coches sin distintivo ambiental sigan circulando si están matriculados en la capital. En Valladolid, el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León anuló la zona de la ciudad menos de un año después de su entrada en vigor.
Fuentes: Motorpasión.